JOSÉ
PARRILLA VALENCIA Vecinos de Ciutat Vella, preferentemente, pero también
de otros barrios de Valencia como Benimaclet o San Isidro, reclamaron ayer
al Ayuntamiento de Valencia la reducción de los alquileres de las viviendas
oficiales, la unificación del servicio de administración y la denuncia a las
empresas constructoras para que se hagan cargo de los desperfectos que
tienen algunos de los pisos, todo ello con la advertencia de que si no
obtienen una respuesta positiva dejarán de pagar sus rentas. De hecho, ya se
han informado en el juzgado acerca de la posibilidad de abrir una cuenta
para depositar allí sus alquileres y no ser acusados de morosos.
En la
actualidad, la empresa municipal Aumsa dispone de 640 viviendas en Valencia,
de las que aproximadamente un centenar están vacías. En la asamblea de ayer,
celebrada en la asociación El Micalet con presencia de representantes de
Grupo Socialista y de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, sus
ocupantes debatieron y aprobaron cuatro puntos. El primero es la bajada de
un 25% en los alquileres de las viviendas públicas propiedad del
ayuntamiento de Valencia, que en algunos casos superan los 600 euros
mensuales y ya están muy por encima de los precios que se pagan por una
vivienda de renta libre. Hay que tener en cuenta que sus alquileres suben
según el IPC y el desplome inmobiliario, por contra, ha hecho que se
reduzcan notablemente los alquileres del mercado libre.
El segundo punto es la unificación del servio de administrador, que
actualmente lo pone el ayuntamiento en cada finca y les sale por más de 200
euros el trimestre. Los vecinos quieren elegir a un único administrador y
que se encargue de todas las fincas, lo que abarataría muchos los precios.
Hay inquilinos realojados de otros lugares de Valencia que tiene que ir a la
oficina de servicios sociales de la calle Mesón de Morella para pedir que
les paguen la comunidad, dijeron los vecinos.
También quieren que se interponga denuncia contra las empresas
constructoras de las viviendas públicas para que se hagan cargo de los
múltiples desperfectos que sufren muchas de ellas, arreglos que hoy por hoy
se están cargando a los propios inquilinos.
Información del juzgado
Y en última instancia reclaman la apertura de la oficina de Aumsa en el
Barrio del Carmen, concretamente en la calle Vall del Crist, que sólo presta
servicio un día a la semana. En esta oficina podrían sugerir, por ejemplo,
que no se les cargase el IVA o el IBI, teniendo en cuenta que se trata de
viviendas sociales y sus ocupantes gente de renta baja.
En caso de no poder negociar con el consistorio, los vecinos aseguran que
dejaran de pagar sus rentas, o mejor dicho, las depositarán en una cuenta
fiscalizada por el juzgado para que no puedan ser acusados de morosos y
provocar desahucios. Ya han acudido al juzgado para informarse de esa
posibilidad y creen que es posible.
Crean un comité para negociar con el ayuntamiento
La asamblea celebrada ayer en El Micalet reunió a más de un centenar de
vecinos de distintos barrios de Valencia y una de las medidas que adoptó fue
crear un comité que se encargará a partir de ahora de las negociaciones con
el Ayuntamiento. En su composición sólamente hay vecinos, aunque en la
asamblea de ayer estuvieron presentes Vicent Sarrià, concejal del PSPV, y
Joan Ribó, portavoz de Compromís. Sarrià, que recordó la labor que ha
realizado su grupo en este sentido, volvió a reivindicar el abaratamiento de
los alquileres para mejorar la calidad de vida de los inquilinos e incluso
aumentar los ingresos municipales, pues ahora hay cien viviendas vacías que
podrían ser ocupadas si las condiciones fueran otras. Sarrià aseguró que la
empresa Aumsa ya se ha mostrado dispuesta a rebajar el alquiler de sus
locales comerciales para evitar que permanezcan desocupados, que es la
tónica general en este momento.
